La cultura jurídica y constitucional mexicana vive una auténtica revolución. Desde hace algunos años, las estructuras que dan sustento a la vida democrática han atravesado profundas modificaciones orientadas hacia un objetivo fundamental: la defensa y garantía de los derechos humanos. No sólo el contenido sustantivo de las leyes ha cambiado, sino también las dinámicas procesales, la manera de enseñar y aprender el derecho, así como las formas de interacción entre las y los operadores jurídicos y las instituciones de impartición de justicia. Ha habido un verdadero cambio de paradigma constitucional cuyos efectos plenos aún no terminan por consolidarse, aunque ya han comenzado a impactar de manera positiva la vida política, legal y social del país.