Todo Estado necesita un sistema de pesos y contrapesos para el control del poder, de esta manera son Estados de Derecho aquellos que mediante una constitución o norma fundamental positivizan los principios sobre los cuales se erige la organización político-jurídica de una Nación. Por lo regular, con una parte dogmática y otra orgánica, la Constitución de 1917 fue la primera en su tipo, comparándola con su antecesora, fiel al principio de división de poderes y garante de derechos fundamentales, fue pionera en elevar a rango constitucional los derechos humanos de segunda generación, constituyendo al Estado mexicano como el primer Estado Social de Derecho que además de reconocer, garantizar y proteger derechos civiles y políticos, salvaguarda grupos vulnerables tales como: trabajadores, obreros y jornaleros instituyendo en su beneficio una jornada máxima de trabajo, el derecho a la seguridad social y el reparto agrario. No obstante lo anterior en este centenario de su promulgación, la Constitución de 1917 en el siglo XXI es completamente diferente a la vanguardista de inicios del siglo XX, y no sólo por las más de quinientas reformas a su texto, sino por la forma en que la Suprema Corte Justicia de la Nación órgano titular del control e interpretación constitucional, es ahora más que nunca garante de derechos humanos, ampliando sus fuentes de derecho a un bloque de constitucionalidad incluyente de normativa internacional y local que, por conducto del Control Convencional, Constitucional y Difuso, facultan al Poder Judicial para que dentro de los límites de su competencia imparta justicia procurando siempre aquella que más beneficie a la persona.