La actividad del policía en el marco del procedimiento penal está ahogada por la observancia de un conjunto de formalidades innecesarias, las cuales no suman. Hemos pretendido que el sistema penal sea un conjunto de actos administrativos reducidos al llenado de formatos homologados establecidos por protocolos como el del primer respondiente o el de la policía con capacidad para procesar el lugar de la intervención.

Por qué formatos; si es para agilizar la investigación policial, entonces estamos en el camino incorrecto, dado que la agilidad se pierde cuando los agentes de policía tienen que invertir una cantidad de horas para el llenado de los formatos, para que luego el Ministerio Público, en una labor de criptógrafo, trate de desenmarañar toda esa escritura. El clásico argumento de que la PGR no recibe documentación sino es con sus formatos y la respectiva PGJ tampoco los recibe si no es con los suyos, lo único que ha generado es calar en el dinamismo de la investigación.

Asimismo, se ha vilipendiado al agente policial, en el sentido de que ni siquiera sabe llenar un acta; pero, peor aún, como el "Pípila" le obligamos a que cargue con la pesada roca que es la investigación de delitos; sin entender que en el ámbito policial existen perfiles, como el de investigar, el de prevenir o el de custodiar.

Frente a tal situación, este breve ensayo procura que las aguas vuelvan a su cauce; es decir, entender la actuación policial a través de principios cuya raigambre en nuestro sistema de justicia no está en tela de juicio, como son: el principio de legalidad y el principio de culpabilidad.