Los delitos contra la administración pública cometidos por servidores públicos presentan una importante complejidad. Para empezar, la determinación del o los bienes jurídicos protegidos, exige abandonar toda postura reduccionista, que simplifica la ecuación en el sentido de postular, que lo que se persigue es el adecuado funcionamiento de la administración pública o la vuelta a una ética de la función pública. En ese sentido, el primer argumento no lograría validar delitos como el de cohecho, pero sin que el servidor público haya quebrantado sus deberes (art. 222 bis, fracción I del Código Penal Federal); en cambio, el segundo argumento nos conduciría a una moralización del derecho penal. Tampoco es sencillo el análisis de pragmas típicos, cuando la conducta no está suficientemente descrita. Al respecto, qué es enriquecerse. En ese sentido, debemos de cuestionarnos, si basta el enriquecimiento semántico o tenemos que entender como un incremento patrimonial significativo. Asimismo, también es cargado el concepto de servidor público, dado que, no solamente está regulado, en sus propios términos, en la legislación federal así como en las estatales, sino también en documentos internacionales como la Convención Interamericana Contra la Corrupción. Por si fuera poco, el estudio dogmático de una figura penal exige ingresar al análisis de sus elementos objetivos, subjetivos y normativos, así como, el grado de ejecución y la forma de intervención. Además, cuando la obra pretende no limitarse a cuestiones de derecho penal, sino extenderse a aspectos procesales, entonces, el grado de complejidad del estudio va en aumento. Frente a ello, en el presente trabajo hemos pretendido controlar los escenarios temáticos, abordando concretos puntos. Así, para el bien jurídico protegido en el delito de enriquecimiento ilícito, manejamos el concepto de transparencia en las fuentes de ingreso, concepto que desafiamos su utilidad y legitimación con el concepto anticipado de servidor público