En esta obra se analizan la naturaleza y las funciones de los jueces de control en el sistema acusatorio penal y se explican los roles que desempeñarán como jueces de preparación del juicio oral y como jueces de garantías. Estos nuevos juzgadores, según el autor, deben ser catalogados como parte de los mecanismos de regularidad constitucional, porque al proteger derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, la privacidad de las comunicaciones, la libertad personal, y otros, garantizarán a su vez la vigencia y supremacía de la Constitución. Esta visión puede verse robustecida con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente varios 912/2010, en la que se admite el control difuso de constitucionalidad, lo que permitirá que los jueces de control inapliquen normas secundarias que estimen contrarias al texto constitucional o a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados en la materia. A partir de esta postura, se ofrece un diseño acerca de la articulación entre la función del juez de control -como custodio de derechos iusfundamentales- y el juicio de amparo, que muestra que los nuevos jueces van a ejercer en ocasiones un control preventivo que busca evitar o eliminar la procedencia del amparo indirecto penal, y que en otros casos su función garantista sustituirá por completo las atribuciones de los jueces de distrito en esta materia. También se incluye un capítulo que muestra las bondades de utilizar principios explícitos e implícitos de nivel constitucional, como los de proporcionalidad y razonabilidad jurídica, que resultan de gran utilidad para evaluar la pertinencia y estricta necesidad de las medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación que requieran control judicial.