La razón de este libro es responder al litigante en derecho penal las siguientes preguntas: ¿por qué el legislador no quiso que la prueba fuera desahogada por otra autoridad que no fuera el juez? ¿Por qué nuestro constituyente teme la prueba policial? ¿Por qué, si la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, el constituyente no cree en la prueba que este fiscal ofrece al juez? ¿Se trata de política criminal, o desconfianza ante el órgano acusador? La prueba anticipada no es una figura mexicana. Es posible decir que todas las codificaciones latinoamericanas cuentan con un procedimiento de desahogo previo de la prueba que, por su naturaleza, no podrá ser desahogada en juicio. Sin embargo, me preocupa que en la implementación del proceso penal acusatorio esa desconfianza en la prueba vaya ampliando, en el día a día, la cantidad de pruebas anticipadas.