Sus disposiciones tocan varios de los ámbitos sustantivos de dicho sistema, dado que abarcan temas como la seguridad pública (cuerpos policiales y prevención del delito), la procuración de justicia (el trabajo del ministerio público, el monopolio de la acción penal que desaparece al menos en parte), la administración de justicia (a través de la incorporación de elementos del debido proceso legal y de los llamados juicios orales) y la ejecución de las penas privativas de la libertad.

Esta obra se adentra en el análisis de dicha reforma constitucional y del correspondiente nuevo sistema penal que surge de su texto, sin dejar de tomar en consideración la profunda crisis de seguridad pública por la que está atravesando el país desde hace unos años. A través de un estudio detallado ofrece elementos para el debate acerca de su contenido y sobre las ventajas y riesgos que tiene, así como de las perspectivas y retos que abre, reconociendo que se trata de una reforma que, ante el contexto actual de violencia e inseguridad, no sólo era necesaria, sino también urgente.