Los veinte años de existencia de la acción de tutela y de la Corte Constitucional han traído innegables beneficios a un sistema jurídico que como el colombiano, acusó fuertes rasgos de encerramiento y provincialismo, bajo una mentada fidelidad al "paradigma jurídico". Entre las muchas contribuciones hechas por la acción de tutela, una de las más relevantes es la relacionada con el develamiento de relaciones de dominio y violación de los derechos fundamentales, que habían sido institucionalizadas. El sometimiento y la indefensión de los usuarios frente a las entidades financieras y las empresas prestadoras de servicios, abusos de los militares frente a los civiles; las arbitrariedades de la Administración frente a las personas; la injusticia de un sector de los jueces, que convierten al sujeto procesal en víctima procesal; el dominio social, la alienación y la discriminación entronizada por algunas confesiones religiosas; la victimización de los homosexuales, los indios, las mujeres, los negros y las personas en condición de discapacidad o desplazamiento, son apenas algunos de los escenarios de violación de los derechos fundamentales, que habían crecido calladamente, hasta la aparición de la acción de tutela.