Desde hace ya varios años, venimos sosteniendo y reafirmando una obviedad: la pobreza es la violación más flagrante de los derechos humanos. Nos parece imprescindible insistir con esta conceptualización, para evitar el riesgo anunciado por el refranero popular cuando advierte que "lo que por sabido se calla, por callado se olvida". La legítima reivindicación de los derechos humanos, fortalecida en las últimas décadas, precisamente por la agudización de su brutal violación por parte de las dictaduras militares, debe reforzar la lucha por el conjunto de los derechos sociales, hoy tan vulnerados. La lucha contra la pobreza (pero en serio, no como mera declamación política) debiera constituir la gran causa nacional. No podemos confiar sólo en el hipotético crecimiento que provocaría, luego, el automático y benéfico "derrame". La experiencia va confirmando que lo que resulta creciente e ininterrumpido es el "derrame de la pobreza", que alcanza cada vez a más personas y con mayor intensidad. La sociedad tiende a olvidar o desestimar el profundo significado de violencia que entraña el padecimiento de pobreza cotidiana. La realidad de la pobreza, en sí misma, es profundamente violatoria y violenta. ¿Es éste entonces un tiempo de derechos o un tiempo de violación de los derechos? O más bien aparece como un tiempo complejo y contradictorio, de avance en el reconocimiento formal de los derechos, pero simultáneamente de desconocimiento e incumplimiento de esos mismos derechos declamados y aceptados como tales.