El Código de Comercio como muchos otros ordenamientos se componen de diversas legislaciones especializadas según las instituciones de derecho que regulan, en particular la amplitud y diversidad de supuestos que la legislación mercantil abarca generaban un desconocimiento tanto en las partes como en los juzgadores del marco jurídico aplicable para la solución de controversias. De tal forma surgió la corriente codificadora como alternativa para tal disyuntiva, consistente en reunir en un solo cuerpo normativo toda la legislación aplicable a una materia en particular facilitando su consulta y aplicación en los casos concretos a solucionar. La palabra Código se deriva del latín codicus, que a su vez deriva de codex/icis, y eran los libros en los que los romanos estampaban sus leyes. La necesidad de hacer codificaciones existe desde épocas muy antiguas, pero más como sistema de recopilación de determinados ordenamientos, la diferencia entre las recopilaciones antiguas como el Corpus luris Civilis y los Códigos modernos derivados de las corrientes de pensamiento europeo en XVI es que los Códigos no pretenden consignar todo el derecho existente en un solo cuerpo de leyes. No obstante a todo lo anterior muy recientemente pondera en una tendencia decodificadora que poco a poco privilegian la existencia de normas especializadas que si bien no resultan ajenas a los códigos de sus materias, no forman parte de su articulado, pues poco a poco los códigos resultan insuficientes para regular la compleja convivencia social y esto ha creado el ambiente perfecto para la proliferación de normas especiales portadoras de principios propios y autónomos que se fundamentan directamente en la Constitución.