El Código Nacional de Procedimientos Penales busca resolver el conflicto entre el autor del delito y la víctima u ofendido mediante una conciliación o arreglo que comienza por garantizar o pagar la reparación del daño, dejando en un segundo plano a la declaración de culpabilidad; de hecho, un asunto penal puede concluir de forma definitiva sin que necesariamente exista un pronunciamiento respecto de la existencia o acreditación del delito. Es necesario entender lo anterior para interpretar las disposiciones del código procesal. Su objetivo es reducir el número de casos que se resuelven mediante un juicio penal, y fomentar el uso de nuevas salidas jurídicas como los criterios de oportunidad que facultan al Ministerio Público a resolver de forma definitiva un caso penal desde la etapa de investigación. Ante el juez, también existen salidas alternas que permiten concluir el conflicto de forma definitiva como los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso; además del procedimiento abreviado que le permite dictar sentencia condenatoria de manera anticipada, previo acuerdo entre las partes. Sólo como último recurso se llevará a cabo un juicio penal en el que se desahogarán pruebas y se realizará el tradicional estudio para determinar si está acreditado el hecho delictivo y la responsabilidad penal (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad).