La publicación de la Ley Reglamentaria de la fracción VI del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 31 de agosto de 2007, dio inicio a una polémica por diferenciar los asuntos que pueden ser facultad exclusiva del Senado de la República respecto de otras que competen de manera única a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como las controversias constitucionales. La idea central que postula esta obra es que la Suprema Corte, al admitir y resolver algunas controversias constitucionales, ha invadido ámbito de atribuciones del Poder Legislativo en perjuicio del Senado, debido a que la interpretación que realiza como tribunal constitucional ha expandido la materia de las controversias constitucionales para resolver las cuestiones políticas suscitadas entre los poderes de los estados. A partir de las reformas al artículo 105 constitucional, la Suprema Corte ha ampliado paulatinamente el criterio para determinar lo que constituye la materia de las controversias constitucionales, no obstante que sus atribuciones no se han modificado por el constituyente permanente desde la reforma mencionada. Si bien el Poder judicial de la Federación es el intérprete máximo de la Constitución, ésta no siempre le ha cedido la última palabra en todo debate, pues la propia carta fundamental establece el ejercicio de las atribuciones de control de la regularidad constitucional en sede de diversas potestades públicas y lo concretan múltiples órganos del Estado. De esta manera, cuando la decisión se despliega en una potestad soberana como el Senado y la decisión se toma por mayoría calificada, la resolución debe tener efectos definitivos e inatacables. De no ser así, resultaría inútil su participación y se vería mermada su potestad.