Basta un vistazo a las biografías de las familias y grupos que han predominado en las legislaturas del Congreso de la Unión desde los años del México posrevolucionario, para testificar que han sido élites compactas las que han usufructuado el poder político en nuestro país, al servicio de intereses que poco abonan al bienestar general, pues de otra forma no se entendería que alrededor de la mitad de la población actual sobreviva en calidad de pobre. A modo de ilustración del fenómeno elitista que circunda a la representación política seleccionada bajo el mecanismo de la elección, habría que registrar que durante los 84 años que estuvo vigente la prohibición de la reelección legislativa continua en nuestro país, 98 familias han tenido el control de 509 posiciones legislativas federales, 63 de ellas con participación en las cámaras de entre 9 y 19 años, y 37 familias con presencia de entre 21 y 51 años en las mismas. Se trata de un conjunto de 273 legisladores que han controlado el poder Legislativo mexicano de la tercera década del siglo pasado a la fecha, quienes han trascendido a gobiernos, reformas y militancias para mantener su hegemonía, ostentando como principal activo su férrea organización alrededor de sus apellidos que les han abierto las puertas al poder político y económico. Los legisladores de la democracia mexicana han hecho de la representación política una mercancía, sujeta a las reglas del dinero y a la lógica patrimonialista que orienta desde al presidente de la republica hasta al alcalde del municipio más recóndito en el sistema oficial, quedando todas las decisiones sobre lo que se concibe y circula como riqueza social a su arbitrio; de tal forma que si el Congreso de la Unión registra individuos con presencia de hasta 3o años, incluso 18 de ellos consecutivos, y dinastías con más de medio siglo de legislaturas acumuladas, dueñas además de la prerrogativa de heredar la posición, constituye una precisión conceptual el dicho de David (2015: 14), en