El autor postula acertadamente que la reforma al ordenamiento jurídico federal mexicano sería insuficiente si sólo se modificaran disposiciones legislativas aisladas y no un conjunto sistemático de ellas. Para DORANTES, se requiere de asumir a la cultura no únicamente como obligación del Estado sino más bien como derecho fundamental de carácter difuso, colectivo y de tercera generación; considera el autor, que es indispensable restablecer, a través del artículo 73 de la Constitución, el sistema competencial de facultades concurrentes entre el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales reservando en forma exclusiva al primero lo arqueológico, histórico y artístico de interés nacional. Ajustes que darían origen a una Ley General de Cultura, y a leyes de cultura en el ámbito de las entidades federativas. En otro de sus apartados, antepone la exigencia de arribar a definiciones básicas sobre la política cultural nacional antes de adoptar por una determinada forma de administración pública, al tiempo que pasa a discutir los aspectos teóricos de las opciones y posibilidades institucionales y normativas para la creación de una Secretaría de Estado, o bien, de un órgano constitucional autónomo -en lo federal- responsable de la administración de la cultura. Estamos seguros que esta publicación contribuirá a incrementar una línea bibliográfica tan delgada, a la vez que impactará en el avance de la ciencia jurídica y la solución de los problemas jurídicos de la cultura en México.