La justicia electoral constituye un pilar esencial para la garantía y defensa del sistema democrático, ya que a través de los mecanismos jurisdiccionales de tutela en materia electoral se salvaguarda la constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de las autoridades electorales; así como, el libre ejercicio de los derechos político electorales de la ciudadanía y la eficacia de los principios que rigen a los procesos comiciales en un Estado democrático constitucional. Así, la jurisdicción electoral contribuye a la consolidación del modelo democrático al constituirse como garante de los derechos de participación política de la ciudadanía, que recobran particular relevancia con la obligación prevista para todos los órganos del poder público, en el artículo 1' de la Constitución Política, a efecto de realizar interpretaciones favorables al ejercicio de los derechos y la protección más amplia a las personas, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De manera que el eje central de la justicia electoral radica en generar, por una parte, las mejores condiciones para la tutela judicial de las libertades políticas, con la finalidad de preservar el ejercicio del voto libre, universal y secreto en la integración de la representación política y, por otra, hacer prevalecer los principios constitucionales de equidad e imparcialidad que deben regir a los procesos electorales.