La apariencia de que el agua es mercancía encubre una violencia extraeconómica de expropiación forzada a la nación y a las comunidades locales, una acumulación originaria de capital que está ocurriendo en las postrimerías del capitalismo. Se trata del disfraz de un acto político que busca someter al despojado mediante procedimientos que aparentan que la equidad económica mercantil permite garantizar el servicio hídrico y promover la libertad y el progreso.