Los programas de estudios que los profesores hagamos y pongamos en práctica deben corresponder a las necesidades que se tienen este siglo XXI. Esas necesidades están relacionadas con la ética, el civismo, el empleo, la seguridad, la igualdad, la ecología y el bien común, es decir, el cumplimiento de los derechos de los seres vivos del planeta: los humanos, los animales y la naturaleza. El objetivo principal de esta investigación es explicar cómo se pueden actualizar los planes de estudio y los métodos de enseñanza del derecho aplicando el modelo educativo por competencias. Es nuestra responsabilidad garantizar el derecho a la educación jurídica de calidad y al autoempleo seguro a nuestros estudiantes; por ello, considero que conocer y aplicar un modelo educativo por competencias en la formación del abogado actual es la oportunidad que debemos darnos para estar a la altura de este compromiso.