Es un reclamo popular y una asignatura pendiente con la sociedad por parte del Gobierno tanto Federal como las de las entidades federativas el que haya una Justicia y una Seguridad Pública integrales. Vamos a abordar el siguiente tema desde la perspectiva de reorganizar las fuerzas gubernamentales del orden federal para dar una lucha sin par a este fenómeno que amenaza con ser uno de los más devastadores del principio del milenio: la falta de una justicia que allegue elementos de certeza jurídica a la sociedad en todo sus ámbitos y una inseguridad pública que más allá de todos los parámetros, nos lleve a la época de la venganza privada y con ello nos traiga la ruina social. Es entonces que al analizar las causas que provocaron una asistematicidad de la Justicia y una inseguridad pública que nos alcanzó y rebasó por mucho, tenemos entre otros factores la corrupción no generalizada, pero si muy acusada, del sistema judicial y la falta de oportunidades productivas que nos llevaron y siguen llevando a la frustración y de ahí a la delincuencia. Digámoslo sin ambages: fue la pobreza extrema la que nos orilló a caer en patrones de conducta anti sociales, tales como la corrupción y la delincuencia, como modus vivendi de unos cuantos en perjuicio de muchos, pero amenazando con volverse de muchos, en perjuicio de todos. Entonces tenemos que voltear la cara hacia un sistema de procuración de la justicia, la prevención del delito, la seguridad pública y el quehacer jurídico del Gobierno que nos lleven a realizar las tareas encomendadas hoy en día a diversos órganos del Estado Mexicano, en particular del Poder Ejecutivo, por un solo órgano dependiente de este último, había cuenta de que no entraremos al examen de las cuestiones del Poder Judicial, por ser éste un tema que deberá tratarse por separado. Solamente dejamos apuntado que debemos reorganizar el Poder Judicial de la Federación para dar la lucha contra la incertidumbre jurídica que se vive hoy en día en los tribunales de

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