Cada Estado ha tenido históricamente la facultad de definir las políticas públicas que aplica para reglamentar la entrada y salida de su territorio de ciudadanos nacionales y extranjeros, según convenga a sus intereses y a los de su población. En la elaboración de las políticas migratorias desde el aparato estatal convergen percepciones positivas o negativas con respecto a los migrantes; intereses políticos, sociales y económicos en las sociedades receptoras y expulsoras, así como intencionalidades explícitas e implícitas mediante las cuales los gobiernos pretenden incentivar, regular o detener los flujos migratorios. En el caso de los Estados que integran el Mercado Común del Sur (Mercosurl) y de sus dos asociados (Bolivia y Chile), se pueden apreciar los tres elementos antes citados en cuanto a la formulación de políticas migratorias a lo largo de su historia, que han servido para cumplir con una serie de metas, entre ellas las de fomentar la inmigración y poblar extensiones de territorio en diferentes épocas de su historia, proteger a regímenes militares de extranjeros perniciosos, incorporar a inmigrantes en las sociedades receptoras o vincular y proteger las diásporas distribuidas en países tanto en vías de desarrollo como desarrollados.