La doctrina administrativista cambiará profundamente a partir del confinamiento mundial de 2020, no sólo respecto al ejercicio de los poderes públicos, sino también, al concepto de debido proceso y de los derechos humanos en general. Ante la necesidad de frenar la propagación del COVID-19, el Estado en todas las latitudes, adoptó un enfoque de prevención, ejerciendo el poder para proteger la salud comunitaria, a través de múltiples medidas locales frente a la emergencia, entre ellas.