El derecho mercantil tuvo desde sus orígenes, en la Baja Edad Media, un alto grado de autonomía y de especialidad. Se le considera un derecho autónomo debido a que sus normas se crearon con relativa independencia respecto de los poderes establecidos, en especial porque sus instituciones se distinguieron de otras semejantes, propias del derecho real. Este derecho mercantil se trasladó a las Indias y vivió los procesos de transformación derivados de los cambios políticos e ideológicos en España. En el siglo XVIII se llevó a cabo una importante modificación del sistema de comunicaciones comerciales entre España y las Indias. La Guerra de Sucesión y el cambio dinástico abrió las puertas del comercio indiano a Francia, inundando ésta los mercados indianos de nuevos productos. Con la Paz de Utrecht de 1713 apareció Inglaterra, esta vez legalmente, en el mercado indiano con importantes concesiones comerciales en el tráfico de esclavos, lo que dio oportunidad a la introducción de mercancías de contrabando. El sistema de flotas fue abandonado en 1778 al adoptarse el sistema del comercio libre mediante el Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España a Indias de 12 de octubre de 1778, y la Pragmática de libertad de comercio de misma fecha. El cambio consistía en habilitar más puertos españoles para el comercio con América, los puertos habilitados eran desde 1765, Cádiz, Santander, Gijón, La Coruña, Sevilla, Málaga, Cartagena, Alicante y Barcelona, sumándose con el Reglamento los de Alfaques de Tortosa, Santa Cruz de Tenerife y Palma de Mayorca en España. Los puertos americanos para el comercio directo en 1765 fueron Santiago Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Margarita y Trinidad. Con el Reglamento de 1778 se añadieron Monte Christi en la Isla Española, Batabanó, y La Habana; Campeche, el Golfo de Santo Tomás de Castilla, y el Puerto de Omoa en el Reino de Guatemala; Cartagena, Santa Marta, Río de la Hacha, Portobelo, Chagre en el de Santa Fe, y Tierra Firme (