La cuestión agraria, tema tan socorrido por economistas, políticos y reformadores sociales de los últimos cuatro siglos, ha sido el motor de diversos conflictos internacionales con los consecuentes reacomodamientos fronterizos, así como causa del auge y desplome de numerosas formaciones histórico-sociales, bandera de movimientos revolucionarios… y mucho más. México no ha sido la excepción a esta regla universal, y su historia ha estado signada por la posesión y aprovechamiento de la tierra. En palabras del prologuista, don Ignacio Burgoa Orihuela, "esta obra, que debe ser estudiada como fuente de aprendizaje no sólo por los estudiantes de nuestra facultad y de toda la república, sino también por los maestros, por los líderes agrarios, por los comisariados ejidales, por los secretarios de las entidades comunes"... "Del amparo agrario diré: Con este rubro incluimos los casos en que la acción constitucional se ejercita por sujetos colectivos o particulares distintos de los propietarios o poseedores individuales de los predios rústicos. En otras palabras, por amparo agrario ejidal o comunal entendemos el que promueven las comunidades agrarias como entidades socioeconómicas y jurídicas, así como sus miembros particularmente considerados en su carácter de ejidatarios o comuneros. La procedencia del juicio de garantías a favor de los sujetos mencionados siempre ha existido desde que entró en vigor la Constitución de 1917, al reconocer esta capacidad jurídica a diversas agrupaciones rurales condueñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, tribus o corporaciones de población para disfrutar tierras, bosques y aguas dentro del territorio nacional (fracc. VI del art. 27 constitucional antes de su reestructuración en 1934) y que actualmente se abarcan en el concepto genérico de núcleos de población.