La reforma procesal vigente en méxico tiene en el ámbito de los derechos humanos un referente fundamental. Más allá del aspecto cronológico (los tratados internacionales en la materia datan del siglo XX), la observación de los derechos humanos exigida a los sujetos procesales es un requisito básico que los operadores del sistema tienen la obligación de acatar y respetar. El derecho de las víctimas, de imputados, testigos y peritos es el ámbito clave para hacer efectiva la transparencia y rendición de cuentas de la justicia penal actual. El texto que el lector tiene en sus manos relaciona el estado constitucional y el debido proceso con los derechos humanos, destacando el papel de los jueces, en donde el juez de ejecución de penas debe participar activamente en el contexto de la nueva gestión penitenciaria reformada. Las personas privadas de la libertad, tan omitidas en todas las reformas procesales, al fin encuentran un espacio de garantías y derechos que la nueva situación reclama y que ubica al juez de ejecución de penas como un custodio indispensable al respecto.