México ratificó la Convención de los Derechos del Niño en el año de 1990 y el doce de diciembre del año 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 18 constitucional, mediante el cual se reformó el párrafo cuarto y se adicionaron los párrafos quinto y sexto, que dio lugar a que se recorrieran en su orden los últimos dos párrafos del artículo citado; asimismo, formal y materialmente se ha integrado un sistema integral de justicia para adolescentes en México, de forma diferenciada a los adultos que cometen delitos; mismo que es aplicable a quienes tengan 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad y se les atribuya una conducta tipificada como delito en las leyes penales. Este cambio constitucional constituye una posibilidad de juzgar a los adolescentes dentro de estos rangos de edad; su responsabilidad penal con un procedimiento formalmente penal de corte acusatorio y materialmente socioeducativo. Lo que me motivó a escribir este libro sobre Justicia juvenil mexicana, es el hecho de que toda persona que quiera conocer el sistema de responsabilidad penal de adolescentes en conflicto con la ley penal, cuente con ideas claras de lo que debe aprenderse acerca del mismo, porque, en realidad, trata de un sistema diferenciado al aplicable a personas adultas que cometen delitos. Por lo cual, es importante conocer temas relevantes en la estructura de la obra. Veamos: El sistema de justicia especializado para adolescentes, derivado de Tratados Internacionales y de nuestro derecho interno, respeta derechos humanos por su condición de edad, pues los jóvenes entre los rangos de edades antes citadas, pueden ser responsables penalmente con medidas socioeducativas, donde prima básicamente reducir las medidas restrictivas de la libertad, pues ésta debe ser la última ratio. Asimismo, en el sistema juvenil mexicano se priorizan los mecanismos alternativos de solución de controversias y las formas de terminación anticipada, a efecto de garantizar el principio de mínima intervención que establece la ley de la materia y en los propios Tratados Internacionales aplicables a adolescentes en conflicto con la ley penal.