La Constitución de la República de Costa Rica proclama un Estado confesional. No obstante que en su artículo 75 establece que la Religión Católica, Apostólica, Romana es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha matizado con claridad los alcances de ese precepto, particularmente en la sentencia No. 2023-2010 de 2 de febrero, en donde declaró inconstitucional el artículo 34, párrafo 2°, del Reglamento a la Ley de la Carrera Docente (Decreto ejecutivo No. 2235-E-P), en que se exigía la autorización previa de la Conferencia Episcopal para la selección del personal docente dedicado a la educación religiosa.En el presente libro se analizan los alcances del principio de laicidad y su vinculación con la libertad religiosa, de tal modo, que si no existe una proclamación previa del principio de laicidad o de neutralidad en el texto constitucional, difícilmente se puede considerar que en el territorio de ese Estado se disfruta de la libertad religiosa. De esta forma, se analiza el principio de laicidad desde una perspectiva de derecho comparado, particularmente en los términos en que ha sido desarrollado por el constitucionalismo norteamericano, francés, español, europeo e italiano, y se analizan algunos antecedentes desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.Tampoco se pretende al defender los alcances del principio de laicidad en las relaciones entre el Estado y las iglesias, perseguir todas las expresiones del fenómeno religioso, o hacer nugatorio el disfrute de las distintas manifestaciones de la vertiente externa de la libertad religiosa. Ello más bien ha sido concebido como laicismo y es muy diferente a la laicidad por la que se ha abogado últimamente, en la cual lo que se pretende es potenciar el pluralismo religioso y los niveles de tolerancia necesarios para que todos los grupos religiosos puedan profesar su libertad religiosa, sin más restricciones que el orden público previsto en la