La salvaguarda efectiva del orden constitucional y de los derechos humanos es el objetivo primordial de todo Estado Constitucional de Derecho. Para ello, se ha previsto desde la norma constitucional una serie de controles y mecanismos de defensa que permitan materializar dicha salvaguarda. Sin embargo, existen situaciones que, por su urgencia y gravedad, se justifica que Estado Mexicano, a través de los órganos jurisdiccionales competentes, intervengan mediante el establecimiento de medidas cautelares, cuyo objeto es preservar el estado de las cosas previa a la comisión de una vulneración constitucional, o en su caso, impedir la materialización de una violación de los derechos humanos de una o varias personas, con independencia del análisis y estudio de fondo de los hechos o actos que han generado la Litis o el conflicto jurídico en concreto que derivará en una sentencia. En nuestro sistema constitucional, existen diversos procedimientos constitucionales que prevén la existencia de medidas cautelares, cada una con rasgos y características procesales propias, pero con una misma finalidad: la defensa de la Constitución. En la presente obra, se analiza la naturaleza jurídica y cualidades procesales de estas medidas cautelares dentro de los procedimientos constitucionales, así como los establecidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los cuales forman parte de nuestro sistema jurídico por vía del bloque de constitucionalidad.