Aquel conjunto de recursos humanos, financieros y materiales coordinados bajo un sistema y con un objetivo, denominado "empresa", contribuye de forma trascendente en el desarrollo y crecimiento económico de cualquier país, y México no es la excepción. En efecto, la experiencia ha demostrado que el grado de crecimiento de la economía de México (y cualquier país) en gran parte depende de la actividad empresarial, en la medida en que ésta genera riqueza, fuentes de empleo y una mayor recaudación fiscal. Sin embargo, para que los inversionistas decidan arriesgar su patrimonio o parte de éste en el establecimiento de un negocio, requieren de un entorno social, económico y jurídico razonablemente estable y fértil, pues de otro modo elegirán, con atinada razón, otras latitudes para invertir, lo que se traduce en pérdida de oportunidades y rezago que disminuye el nivel de la vida de la población. Es por ello que las empresas ya establecidas en México requieren de diversos asesores, internos y externos, que encaucen una adecuada marcha de la actividad empresarial, aconsejando, asesorando y evitando el incumplimiento a cualquiera de las múltiples disposiciones legales que conforman el orden jurídico en nuestro país.