El embarazo adolescente ha cobrado importancia en la agenda política y social de México y el mundo en las últimas décadas, debido a su aumento y concentración en grupos de estratos socialmente bajos [Welti, 2005). El embarazo a temprana edad no sólo implica efectos negativos en la salud de la madre y el bebé, sino que también acentúa la desigualdad y disminución de las oportunidades educativas y laborales de las adolescentes (sEP, 2012a: 48), de ahí que se configure como una problemática a atender y a estudiar, por parte de los gobiernos, la academia y organizaciones de la sociedad civil.