Durante los últimos años el problema de la seguridad ciudadana adquirió protagonismo en el debate público, como resultado del crecimiento de distintos fenómenos relacionados con la violencia. Este proceso se gestó en un contexto de profundas desigualdades sociales, donde las instituciones, en particular las policías y la Justicia, han sido al mismo tiempo deficientes para garantizar derechos y activas promotoras de la ilegalidad. En este contexto, las políticas de seguridad no logran ser asumidas más que como políticas de gobernabilidad, de reducción de daños ante el impacto social de cada nuevo hecho delictivo. Se piensa antes en respuestas rápidas y efectistas, que en las causas estructurales de los problemas. En este libro se advierte que estamos en presencia de una situación compleja que va a requerir soluciones complejas. No hay seguridad sin Estado de derecho y sin derechos. Ellos son la garantía de que las políticas serán efectivas y no se convertirán en violencia desatada.