La entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México supone un vuelco en la forma tradicional de concebir las finanzas públicas. El ejercicio de la hacienda pública orientada hacia el cumplimiento de los derechos de los capitalinos sitúa al sistema de derechos humanos en la cima de las prioridades gubernamentales, en la que ingresos, gastos, deuda pública y gestión patrimonial, fundamentalmente, deberán enfocarse a lograr tal objetivo. La organización de la hacienda pública local, conforme a los criterios de unidad financiera y presupuestaria —lo que desde la perspectiva jurídico-financiera implica la reconceptualización del gasto público como una decisión jurídica que busca cumplir con los fines institucionales de la Constitución—, deja atrás la visión unilateral y reduccionista prohijada por la dogmática jurídica sobre la concepción y contenido del derecho financiero. El presente libro se enfoca en analizar tres aspectos de la Constitución de la capital del país: el presupuesto, principal vehículo mediante el cual se distribuye el gasto público (capítulo primero); la participación ciudadana, entendida como el conjunto de mecanismos a través de los cuales la ciudadanía podrá orientar y decidir acerca de una parte del gasto público, y con ello reivindicar el derecho al mínimo vital (capítulo segundo); y los derechos humanos, en lo que respecta a su vínculo con el gasto público, a la luz de los tratados internacionales de los que México forma parte y del texto constitucional local (capítulo tercero). El análisis de estas tres cuestiones le permite al autor concluir que estamos en presencia de una de las constituciones más vanguardistas en el ámbito mundial.