En abril de 2010 fue dado a conocer por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la aprobación de la factura electrónica como un esquema de comprobación fiscal obligatorio, el cual entró en vigor a partir del 1º de enero de 2011. La factura electrónica posee la misma validez que la impresa, pues ambas sirven para comprobar la realización de una transacción comercial entre un comprador y vendedor, por lo cual comprometen la entrega de un bien o servicio y obligan a realizar el pago correspondiente. La factura electrónica puede ser enviada, archivada y transmitida por medios electrónicos; a su vez, es posible imprimirla bajo las especificaciones del Servicio de Administración Tributaria, en caso de así requerirse. Al igual que con las actuales, la ley obliga a conservar las facturas electrónicas por un periodo mínimo de cinco años.