A pesar de que la influencia creciente que el derecho internacional va adquiriendo sobre el sistema jurídico mexicano implica una reducción de las competencias legislativas internas, ello no debe ser visto como algo negativo. Varias materias de primera importancia, tales como la protección de los derechos humanos y del medio ambiente, la lucha contra la corrupción o y el terrorismo, el combate al crimen organizado a escala mundial, entre otras, sólo pueden ser reguladas adecuadamente desde una óptica transnacional, Asimismo, no se debe pasar por alto que estas normas internacionales se aplican en la normalidad de los casos por las autoridades nacionales, lo que las hace objeto de los controles de regularidad constitucional internos. Esta interdependencia entre el s a jurídico nacional y el internacional presupone una cooperación y coordinación entre los organismos internacionales y las autoridades de los Estados, así como una armonización de las regulaciones nacionales con base en lo que disponga la normativa internacional. En caso de que esto no suceda, los tribunales mexicanos se encuentran autorizados para llevar a cabo un control difuso de constitucionalidad y, en algunos casos, un control de convencionalidad. Estos mecanismos deberían garantizar que no exista el riesgo para el Estado mexicano de ser demandado ante instancias internacionales. Por lo anterior, resulta oportuna esta obra que contribuye al debate sobre el tema de la recepción de los tratados en el sistema jurídico mexicano, al estudiar la relación entre el derecho internacional público y el derecho nacional, así como al realizar una comparación entre las ideas de Hans Kelsen y la praxis, mexicana de recepción de las normas de los tratados.