El presente texto tiene como finalidad ofrecer una aportación académica a las instituciones educativas, de seguridad pública de los tres niveles —federal, estatal y municipal—, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, y Guardia Nacional, además de las Fiscalías de todo el país, incluida la FGR, conformadas por personal sustantivo y administrativo, como peritos, policías, ministerios públicos, secretarios, auxiliares ministeriales; así como a los mandos medios y altos mandos que las conforman y que en su conjunto tienen una función muy importante en la investigación y persecución de los delitos. Se exige a las instituciones de seguridad pública mayor profesionalización en su actuar, ya que la policía tiene un papel fundamental al momento de detener a una persona que está cometiendo un hecho que la ley señala como delito en flagrancia, por lo cual se debe de contar con las herramientas necesarias para que su actuar se conduzca en todo momento con el completo respeto a ley y a los derechos humanos. Hoy en día, las fiscalías de todo el país tienen un mayor reto ante las exigencias de las víctimas, que exigen día con día mayores resultados, incluso a la exigencia social que pide mayor eficacia en la función policial, pericial, ministerial e institucional, ya que se ven afectados en gran medida en su esfera personal, familiar, educativa, social, laboral y jurídica por una mala actuación de quienes investigan y persiguen los delitos.