Uno de los problemas que afrontan los paises en Latinoamerica es la escasa investigación científica en las diferentes áreas del conocimiento, que se traduce en la falta de una cultura de la investigación. El Estado, la academia y la industria, en cierta forma, han sido ajenos a desarrollar, generar o apoyar la investigación científica con contadas excepciones. Esta misma situación se presenta cuando se trata de la investigación criminal que afecta directamente a la justicia tan vital para la supervivencia de un país y de la democracia. Historicamente, la academia se ha limitado al estudio teórico de la ley penal, los códigos, el procedimiento, la doctrina y la jurisprudencia con doctos y experimentados abogados, jueces, fiscales y magistrados, dejando de lado la investigacion criminal propiamente dicha, generando así, un enorme vacio que afecta senciblemente a la administracion de justicia.