Las reformas políticas de 1993 a 1996 ejemplifican como pocas el carácter trunco y errático de nuestra transición hacia la democracia. Se trata, en varios sentidos, de un estatuto provisional en el que prevalecen las reglas no escritas sobre las definiciones jurídicas precisas, subsisten numerosos vicios del antiguo régimen y queda pendiente una enorme tarea de expansión y organización ciudadana y de transformación institucional.

Primero, porque fueron fruto de un prolongado regateo en el que, si bien al final se alcanzaron decisiones políticas fundamentales, no acabaron de vencerse resistencias conceptuales y prejuicios provenientes de una tradición centralista y autoritaria. El mayor obstáculo fue el presidencialismo como vértice de una cultura política y la relación de origen patrimonialista entre el Ejecutivo Federal y circunscripción geográfica en la que habita.

Sus mayores virtudes fueron que el debate se situó desde el inicio en la lógica de la democratización. Antes que nada el rechazo a la anomalía que representaba la privación del derecho inalienable de los ciudadanos del Distrito Federal de elegir a sus gobernantes tan solo por razones de domicilio o con el argumento de que éste coincidía con la sede de los poderes federales. La manumisión política de millones por el prurito del control territorial de la capital desde la cúspide, coagulado en 1928.