Con el aumento de los índices delictivos en nuestro país, el sistema jurídico exige que las actuaciones de policías y corporaciones de seguridad pública, así como los actores dentro del proceso penal, se ajusten a los estándares más altos en materia de protección de derechos humanos, para garantizar una justicia que no sólo satisfaga a las cifras políticas, sino que realmente contribuya a una construcción social progresiva. En ese sentido, a raíz de la reforma de junio de 2011, los derechos humanos de fuente internacional cobraron un auge impactante en la forma de actuar por parte de las autoridades, impacto que ha resultado transversal y que hoy en día sigue en evolución en la búsqueda de las formas que sean materialmente funcionales en la solución de los conflictos, sin menoscabar los derechos de las personas. Así, el tema relativo al proceso penal no ha dejado de debatirse legislativa y doctrinalmente, generando una constante de reformas en las leyes existentes, creación de nuevas normas y consolidación de una maquinaria operativa que permanece a la expectativa de lo que diga el legislador y lo que interprete la Suprema Corte de Justicia de la Nación.