Los humanos creamos y recreamos constantemente la diversidad, y esa es precisamente la característica que nos humaniza y al mismo tiempo nos distingue culturalmente, por lo que sus manifestaciones bien podrían pasar inadvertidas si no fuera porque en ocasiones se utilizan para justificar exclusiones sociales de todo tipo, o como instrumentos de poder para establecer jerarquías y relaciones sociales que propician la desigualdad, explotación, subordinación, sujeción y discriminación. Hoy en día esas manifestaciones son enfáticamente contestadas, rechazadas y condenadas por aquellos grupos e individuos que han sido objetivo de su aplicación, y por ello demandan derechos que garanticen el ejercicio de la diferencia. Para dar respuesta a esas demandas, algunos Estados han implementado una serie de medidas entre las que se incluye la aprobación de nuevas reglamentaciones con las que se pretende satisfacer los reclamos de quienes defienden la diversidad. Tomando el contexto de lo que sucede en Oaxaca, México, este texto es una contribución al análisis del contenido y aplicación de esas propuestas y lo que hasta ahora han significado en la práctica política.