El derecho humano de acceso a la justicia (dentro del cual subyace el debido proceso) es una norma imperativa de derecho internacional iuscogens; de ahí, que sea un principio comúnmente aceptado que el sistema procesal es un medio para realizar la justicia y que ésta no puede ser sacrificada en aras de meras formalidades, tal y como ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos en reiterada jurisprudencia (Caso Goiburú; Caso La Cantuta y Caso Cayara, entre otros). No obstante, el diseño jurisdiccional de la Corte Penal Internacional, contenido en la normatividad, no satisface aquel derecho esencial que asiste a la víctima de los macrocrímenes materia de esa instancia, pues existen diversos obstáculos imposibles de allanar, que paradójicamente significan la antítesis que justificó la creación de dicho Tribunal: desaparecer de la faz de la tierra la impunidad de los atentados más graves perpetrados contra la humanidad.