La reforma constitucional que se aprobó en junio de 2008 implica modificaciones trascendentes de forma y fondo al actual proceso penal. El estudio de las mismas en sus conceptos generales es el propósito de este trabajo dedicado principalmente a quienes tengan interés en asomarse al nuevo modo recientemente promulgado para la procuración y administración de justicia en materia penal.

Ha entrado en vigor en algunas entidades de la República, pero a partir de junio de 2016 se aplicará en todo el país. La transformación que se hace al sistema penal actual se presenta desde la etapa de la investigación de los delitos, en donde ésta no se realizará, como hasta ahora se hace, con la participación exclusiva del Ministerio Público, sino que permitirá también, para velar por el respeto a las garantías individuales de las personas investigadas y de las víctimas del delito, la intervención del Poder Judicial.