Los argumentos que se esgrimen a lo largo de esta obra constituyen un ejercicio de ductibilidad del derecho a partir de la ídea de movimiento, fundando en ella la necesidad de movilizar rumbo al presente a la Teoría de la Constitución y, a partir de ella, a la Constitución mexicana.

El autor sostiene que la participación de los sectores social y privado en la provisión del servicio eléctrico constituye una política pública de origen constitucional que debe considerarse como principio de la libertad -desde la perspectiva económica de participación irrestricta en ella- y de movilización de los conceptos constitucionales. En otras palabras, el principio subyacente de libertad de participación en la economía establecido en la Constitución mexicana hace necesario reflexionar sobre la vigente reserva de Estado en la prestación del servicio eléctrico en nuestro país.