La denuncia, investigación y sanción de dos tramas de financiamiento
ilegal a propósito de las campañas a la Presidencia de la República
en el año 2000, que involucraron al PRI y al PAN, desembocaron
en multas que sin lugar a dudas pueden considerarse como históricas:
1 000 millones de pesos al PRI (la más alta de las que se tenga noticia
en los sistemas democráticos) y 545 millones a los partidos de la coalición
Alianza por el Cambio (conformada por el PAN y el PVEM, que había llevado
a la Presidencia al titular del Ejecutivo en funciones). Ello demuestra que en
México el marco legal e institucional para detectar y sancionar ilícitos en
materia de financiamiento electoral funciona; pero la misma experiencia
de esos dos casos también arroja lecciones sobre los límites e insuficiencias
de las normas vigentes, que sugieren una serie de cambios a la ley para
dar una vuelta más a la tuerca que quiere garantizar que la política
sea eso: un ejercicio de ciudadanía entre iguales.