La justicia penal mexicana se enfrenta al reto más importante que la sociedad le impone: el de brindar un marco de respuesta adecuado al conflicto penal. Para ello, debe adoptar un sistema procesal que permita, por un lado, dar una respuesta sólida y firme al fenómeno de la delincuencia que aflige nuestro país; y por otro lado, brindar las garantías necesarias para los actores que participan en el drama penal.
Ésta es la importancia del texto que hoy prologo debido a que se realiza un análisis pormenorizado y con información actualizada de los procesos de reforma ocurridos en quince países de Latinoamérica, incluyendo México; donde a su vez se analizan reformas tan actuales como la de Chihuahua y Oaxaca, así como de países cuyo sistema procesal es tan poco conocido en nuestro entorno, como el caso de la República Dominicana —o del caso de las provincias argentinas de Catamarca, Chubut, El Chaco, Mendoza y Tucumán.
El libro nos muestra el proceso histórico-político de implementación del sistema acusatorio que experimentaron esos 15 países.
Así mismo, este estudio cuenta con las importantes reflexiones de sus autores, quienes forman parte del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México; centro de estudio que se enorgullece del trabajo académico de sus investigadores.