La finalidad primordial de cualquier sistema jurídico legal, en un Estado de Derecho es el establecimiento de procedimientos claros y ágiles para encontrar soluciones justas y equitativas a las diferencias surgidas entre sus conciudadanos. Prácticamente en toda Latinoamérica el alto índice de violencia, la judicialización de los conflictos como única forma de resolverlos, la duración de los mismos, la formación procesalista y litigiosa de los abogados ha dado como resultado un alto nivel de congestión en los despachos judiciales, lo que se refleja principalmente en altos índices de impunidad o en muchas ocasiones se traduce en una preocupante tasa de criminalidad. Para dar una salida a lo anterior, los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) pueden desempeñar un importante papel y con este objeto están siendo propuestos y promovidos como una opción institucional de acceso y mejoramiento de la justicia. El objetivo fundamental de su implementación ha sido la necesaria descongestión de los despachos judiciales, la mayor celeridad en el conocimiento y resolución de las contiendas y el mejoramiento del acceso a la justicia para todos los miembros de la sociedad. Así pues, Colombia, desde 1991 y México, a partir del 2016, al igual que otras naciones del mundo, se vieron obligadas a repensar y ampliar el espectro de resolución de los conflictos de sus ciudadanos, modificando el entorno legal tradicional e introduciendo nuevas instituciones jurídicas que tienden a superar los problemas de acceso al sistema de justicia y a descongestionar los despachos judiciales. Por lo anterior, nos parece que la experiencia de Colombia en la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, puede ser vista como una plataforma de lo que pudiere concebirse para el Estado Mexicano a futuro, sobre todo por la gran identidad cultural de ambas naciones.