La problemática que habremos de estudiar consiste en verificar la actuación de las fuerzas armadas, dentro del marco constitucional vigente, como instituciones adecuadas para combatir a la delincuencia organizada, de acuerdo con el marco jurídico actual; ya que la comisión de los delitos como el robo, el homicidio doloso y el secuestro, sabemos, son el fuero común y no en todos los casos se asocian con delitos federales (competencia de las fuerzas armadas, por su misma legislación orgánica). Todo esto representa, desde el punto de vista del derecho, y particularmente por parte del derecho procesal, una cuestión de falta de orden puntual y adecuación de competencias, atribuciones e incluso eficiencia operacional entre las autoridades encargadas de la seguridad, sin mencionar también a la propia administración y procuración de justicia por parte del Poder Judicial; aunque en nuestro proyecto, esto último no sea objeto de revisión. Desde el inicio de la pasada administración federal 2006-2012 y su antecesora 2000-2006, se intentó (y aún se intenta) trabajar y operar mediante convenios de coordinación y colaboración entre las distintas corporaciones policiales (federales, estatales y municipales) con las fuerzas armadas; entre tanto, las fuerzas civiles policiales realizan sus procesos de homologación en procedimientos, informes, capacitación, equipamiento, tecnología, salarios y prestaciones, conforme a los lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.