El presente estudio propone la incorporación del Juez de Vigilancia y Ejecución de Sanciones Penales en nuestro país, y analiza esta figura tanto en el aspecto teórico, como en las posibilidades prácticas que implica, siempre entendida como una alternativa de perfeccionar al Estado de Derecho. La implementación de Juez Penitenciario no es novedosa, en varios países de Europa y América Latina es parte de una larga tradición que ha repercutido y se ha materializado de diversas maneras. Sin embargo, ha sido sólo hasta años recientes que ha cobrado importancia en la protección a los derechos fundamentales, como freno a los excesos punitivos realizados con frecuencia por los encargados de hacer valer la ley.

Para el autor de esta obra, no existen impedimentos sistemáticos para que el Juez Penitenciario pueda incorporarse efectivamente en nuestro país. Aunque su inserción en el derecho positivo mexicano requiere ciertas modificaciones legales, no está en contradicción con el resto del ordenamiento, se necesitaría sólo de reformar ordinarias con el objetivo de habilitarlo, y de ninguna manera representaría la modificación de todo el orden relativo a la administración de la justicia.

Para lograr la inserción real del Juez Penitenciario, el autor explica que se necesita de la participación comprometida de los diversos actores. Su propuesta constituye una posible solución a la necesidad social de mejorar la última fase de la seguridad pública y al reclamo siempre presente por lograr una mayor seguridad jurídica en la ejecución de las sanciones.