La reforma constitucional del 18 de junio del año 2008 significa para México un momento clave en justicia penal. La transformación normativa que de manera paulatina se está presentando a partir de ésta, obliga a la capacitación de los operadores del sistema, como jueces, ministerios públicos, policías, defensores, peritos, etcétera; así como a la inmersión de los doctrinarios nacionales en las particularidades que representa; todo lo cual influye de manera fundamental en el proceso de administración del cambio, el contexto social, político, económico y delictivo del país. Partiendo de ello, esta investigación contiene reflexiones relacionadas con este tópico de la doctrina mexicana de gran relevancia por el importante aporte que realiza para asegurar el éxito en el procedimiento penal.