El tema de los derechos humanos no es, en algún modo, una novedad, empero, como rama autónoma del derecho, apenas se vislumbra en el siglo XXI, ya que, con independencia de que la primera generación, data de la época de la ilustración, el derecho procesal convencional -si puede denominársele así-, surge como tal hasta este siglo, que es cuando la sociedad jurídica voltea a ver el litigio de derechos humanos como una herramienta de trabajo autónoma y no como un medio de impugnación, autonomía que ya tenían otras ramas como el derecho procesal civil, el derecho procesal penal o el de naturaleza social.

En las últimas décadas del siglo pasado fueron introducidas a México instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las correspondientes de las entidades, pero sus alcances eran muy limitados, al tratarse de organismos aparentemente autónomos, pero que, en la realidad, permanecían bajo el control del ejecutivo, que se concretaban a generar recomendaciones sin coercitividad, por lo que eran más un instrumento político que jurídico, debiendo destacar que si los derechos humanos y los Tratados Internacionales son instituciones vivas que evolucionan, estos organismos vigilantes y protectores de derechos humanos del mismo modo fueron evolucionando y con la llegada al poder de los partidos que no mantenían la hegemonía en los congresos, se logró, en algunos casos, cierto grado de independencia y sus recomendaciones han sido cada vez más vinculantes por el peso político de estas instancias gubernamentales.