La Constitución ha consagrado la posibilidad de que dentro del proceso penal se utilicen los siguientes mecanismos:
A) Mecanismos discrecionales. B) Salidas alternativas.
Con la introducción de estos mecanismos, principalmente con los señalados en segundo lugar, la norma básica traduce o explica que el objetivo o finalidad del sistema penal. Es, en virtud del reconocimiento de los diferentes conflictos sociales que subyacen a la comisión de delitos, dar respuestas adecuadas a cada uno de ellos. Lo importante pasa a ser la capacidad del sistema para resolver casos por lo que se crean diversas vías de solución, algunas de ellas a cargo de las propias personas inmersas en los conflictos. Esto conlleva, tres consecuencias importantes: Primero, una reconcepción del significado del proceso penal, que se convierte en instrumento de resolución de conflictos sociales. Segundo, un nuevo entendimiento sobre el uso del poder coactivo del Estado y la posición de los individuos o partes que participan en el mismo. Tercero, se produce una recaracterización o redefinición de la etapa de investigación.