El Derecho mexicano del trabajo ha pasado por diferentes etapas que han marcado sus rasgos característicos que permitieron su nacimiento, consolidación e institucionalización. Cabe recordar cómo, hacia fines del siglo XIX, la naciente industria nacional presionaría al sistema jurídico, entonces vigente, para crear espacios normativos que dieran cabida y encausamiento a los primeros conflictos laborales; fue así como hicieron su aparición las normas del trabajo inspiradas, por un lado, en los planteamientos humanistas y liberales decimonónicos y, por otra parte, por las necesidades objetivas que la economía presentaba.

En ese devenir, el año de 1917 sería importante porque una revolución terminaba y se sentaban las bases del México moderno, y también porque las fuentes reales que motivaron el nacimiento del nuevo orden jurídico permitieron que se iniciara un proceso de constitucionalización del Derecho del trabajo que irradiaría a toda la región latinoamericana. El artículo 123 de la nueva Constitución mexicana planteó todo en modelo laboral amplio, estructurado y complejo, sentando las bases para el desarrollo de la novel rama del Derecho del trabajo.

De esta manera el siglo XX vería como las normas se irían modulando y perfeccionado en etapas importantes como en 1931, cuando se federalizó la legislación laboral, o en los años cuarenta del siglo pasado en que se avanzó en la conformación del derecho burocrático nacional y de un modelo de seguridad social, o en 1970 en donde se reconocieron nuevos conceptos y derechos en la Ley Laboral y se ratificó su carácter protector de los trabajadores, o en 1980 cuando se intentó mejorar el desarrollo y desahogo de los conflictos ante los tribunales especializados, o también en 2012 en donde se incorporan ideas y conceptos flexibilizadores acordes con las tendencias regionales e internacionales, entre otras.