La facultad de investigación e una garantía constitucional cuyo objetivo es dilucidar si determinados hechos constituyeron una violación grave a los derechos fundamentales y evidenciar quiénes y por qué cometieron tales transgresiones, buscando reintegrar el orden constitucional vulnerado por los órganos de poder.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación -fue titular de la facultad de investigación durante más de 90 años, función que siempre se criticó porque una de las características de este medio de control constitucional es que sus determinaciones no son vinculatorias, es decir, no pueden obligar a las autoridades responsables a su cumplimiento, aun cuando se demostrara su participación en la violación de derechos humanos.
Por lo anterior, en la reforma de junio de 2011 se determinó trasladar la facultad de investigación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pues se estimó que con esto se fortalecerían los derechos humanos en la Carta Magna y consolidaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional.
Sin embargo, la transferencia volvió más ineficiente la facultad de investigación, poniendo en riesgo la independencia y la autoridad moral de la CNDH, ya que la reforma constitucional no le dotó de las herramientas necesarias para enfrentar presión política del Ejecutivo Federal o del Poder Legislativo, en los casos en que estuvieran involucrados en la vulneración de derechos fundamentales.